Evaluaciones AACC Santander

Cuando la escuela no llega, las familias actúan

Cada curso son muchas las familias que deciden realizar una evaluación externa de Altas Capacidades Intelectuales para sus hijos. La decisión no nace del capricho, sino de la necesidad:

• El colegio no ha iniciado aún la valoración pese a haber señales evidentes.
• Hay demoras por falta de orientadores o rotación de profesionales.
• Se sugiere “esperar dos años” para volver a evaluar.
• O, simplemente, los padres desean ejercer su derecho a elegir un profesional con formación clínica especializada.

Sea cual sea el caso, un informe sanitario de Altas Capacidades es plenamente válido y el centro educativo está obligado a tenerlo en cuenta. Negarlo no es solo una falta de sensibilidad educativa, sino una vulneración de derechos reconocidos en la legislación española.

1. Los informes clínicos privados tienen validez legal

La legislación española reconoce la autoridad diagnóstica de los psicólogos sanitarios, tanto en centros públicos como privados. Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, se establece:

“La profesión de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y la de Psicólogo General Sanitario son profesiones sanitarias habilitadas para realizar actividades dirigidas al diagnóstico, evaluación y tratamiento de los trastornos mentales, emocionales y del comportamiento.” (art. 2.2)

Y añade:

“La capacidad jurídica para establecer un diagnóstico es independiente de si los profesionales lo emiten desde un centro público o de iniciativa privada.” (art. 1, párrafo segundo)

Esto significa que los informes emitidos por psicólogos sanitarios acreditados tienen el mismo valor legal y técnico que los realizados en los servicios públicos. El requisito esencial es que el profesional esté colegiado y habilitado como sanitario, no el lugar donde ejerza.

En el caso de nuestro gabinete:

• Psicóloga Sanitaria acreditada con registro sanitario nº 06/2023/05519 (Gobierno de Cantabria).
• Colegiada nº CA00759 en el Colegio Oficial de Psicología.
• Especialización universitaria en Altas Capacidades Intelectuales y Desarrollo Cognitivo.
• Más de 15 años de experiencia en psicología infantil y orientación familiar.

Además, el Real Decreto 2490/1998, que regula la colegiación de profesionales sanitarios, y el RD 366/2007 sobre la participación de los colegios profesionales, reafirman que los informes clínicos de psicólogos colegiados deben ser reconocidos por las administraciones públicas.

2. La legislación educativa ampara el uso de informes externos

Las normas educativas españolas contemplan expresamente la colaboración con profesionales externos y el uso de informes clínicos para identificar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), incluidas las Altas Capacidades.

Algunos ejemplos:

• Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), artículos 71 y 72:
  Establece que las administraciones garantizarán los recursos necesarios para que el alumnado reciba una educación adaptada a sus características personales. Reconoce la cooperación entre servicios educativos y sanitarios como parte esencial de este derecho.
• Ley Orgánica 8/1985, de Derechos y Libertades de los Alumnos (art. 6):
  Reconoce el derecho de las familias a participar activamente en las decisiones que afectan al proceso educativo de sus hijos.
• Real Decreto 943/2003, sobre orientación educativa y atención a la diversidad:
  Señala que la identificación de las necesidades del alumnado debe incluir información procedente de otras fuentes, entre ellas informes médicos o psicológicos externos.
• Decreto 25/2010 del Gobierno de Cantabria, que regula la respuesta educativa al alumnado con NEAE:

“Los equipos de orientación deberán valorar los informes clínicos o diagnósticos aportados por las familias como parte del proceso de identificación y respuesta educativa.”

• Plan de Atención al Alumnado con Altas Capacidades de Andalucía (2011–2013):

“Los diagnósticos o informes externos serán considerados fuentes de información válidas y complementarias en la evaluación psicopedagógica.”

Estas referencias muestran que la ley no solo permite, sino que fomenta la integración de diagnósticos externos en la respuesta educativa. El colegio no puede rechazar un informe sanitario acreditado ni supeditar su validez a una revisión posterior “por protocolo interno”.

3. No existe ninguna norma que obligue a “esperar dos años”

La idea de que los informes previos “caducan” o deben confirmarse tras dos años no aparece en ninguna ley, decreto ni instrucción educativa. Se trata de una práctica heredada que carece de sustento jurídico.

El desarrollo intelectual es continuo, pero las pruebas estandarizadas —como la WISC-V, K-BIT, CREA o Terman-Merrill— ofrecen resultados estables y válidos dentro de su rango normativo. Si la evaluación cumple criterios técnicos (fiabilidad, baremación actualizada y diagnóstico razonado), el centro debe reconocerla de inmediato.

Demorar el reconocimiento o negar adaptaciones vulnera:

• El principio de igualdad de oportunidades (art. 1 LOMLOE).
• El derecho a recibir apoyos personalizados (art. 74 LOMLOE).
• La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, que obliga a las administraciones públicas a dictar y ejecutar toda decisión que limite derechos reconocidos.

4. Qué hacer si el centro no acepta el informe

1. Entrega el informe por registro oficial (presencial o electrónico) para dejar constancia.
2. Solicita por escrito su incorporación al expediente y la apertura de medidas educativas acordes al perfil del alumno.
3. Si no obtienes respuesta, pide reunión formal con el equipo directivo y de orientación.
4. Ante una negativa o demora injustificada, solicita la respuesta por escrito y dirígete a Inspección Educativa.
5. También puedes presentar una reclamación amparada por la Ley 39/2015 ante la Consejería de Educación.

En la mayoría de los casos, basta con una gestión documentada para que el colegio actúe conforme a la normativa.

5. Conclusión: los informes externos sí cuentan

Un informe clínico emitido por un gabinete sanitario tiene valor legal, clínico y educativo. No es una opinión: es un documento técnico que forma parte del derecho del menor a una educación ajustada a sus necesidades.

Negar su validez o demorar su aplicación contradice las leyes que rigen nuestro sistema educativo y sanitario. La cooperación entre centros escolares y gabinetes privados no es una opción, es una obligación ética y legal.

Elegir una evaluación externa no sustituye al colegio: lo complementa. Y cuando una familia busca comprensión y herramientas para su hijo, lo que necesita del sistema no es un muro, sino una respuesta.

Montserrat Guerra
Psicóloga Sanitaria – Registro Sanitario nº 06/2023/05519
Colegiada nº CA00759
www.psicologoensantander.com
www.personasexcepcionales.com